El Plan Nacional por la Primera Infancia (PNPI) es un documento político y técnico que orienta decisiones, inversiones y acciones de protección y de promoción de los derechos de las niñas y niños en la primera infancia. El foco en los primeros seis años es coherente con el relevante significado de ese período en el conjunto de la vida humana, además de que es la forma de garantizar los derechos de la niña y el niño con la necesaria especificidad y prioridad que les atribuye la Constitución Federal (art. 227).

La Red Nacional Primera Infancia (RNPI) construyó este Plan en 2009 y 2010, y su vigencia se amplió hasta 2022. La justificativa para la elección de esa fecha fue que se trataba del año del bicentenario de la Independencia de Brasil, conmemoración que se asociaba con el siguiente deseo: con ocasión de la celebración de los 200 años de Brasil como nación independiente, de gobierno soberano, con el poder y la responsabilidad para dirigir su propio destino y cuidar a su pueblo, el país debería tener garantizados los medios para que cada una de las niñas y niños viviesen su infancia con plenitud y desarrollasen su inconmensurable potencial humano.

En el 2010 ya sentíamos, —y, desgraciadamente, al día de hoy aún continuamos sintiéndolo—, que era apremiante cambiar la situación estructural y las condiciones fácticas de la vida y del desarrollo de millones de niñas y niños brasileños; se necesitaba mirar con celo y responsabilidad a las infancias desconocidas o ignoradas; promover la equidad para reducir las desigualdades en el acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura; proteger y dar valor a sus vidas independientemente de su situación económica, de su etnia o de su raza, del territorio en el que vivan; proporcionar, a todas y todos, saneamiento básico y un medio ambiente saludable… Desamparar el tiempo de la infancia, ya sea por omisión, ignorancia o displicencia, es un crimen contra las niñas y niños y contra la sociedad. Contra las niñas y niños porque les niega derechos fundamentales; contra la sociedad dado que la perpetúa en el semblante desfigurado por las heridas sociales de la mortalidad infantil, del hambre, de la violencia, del abandono, de la exclusión, del racismo, del desprecio o de la menor importancia de la vida de las niñas y niños en situaciones de discapacidad, de las niñas y niños negros, indígenas, quilombolas, del campo o de las comunidades y pueblos tradicionales.

El PNPI se elaboró en el ámbito de un proceso con amplia participación social, en conformidad con la directriz que establece el art. 227, § 7.º, de la Constitución Federal, que preconiza la participación de la población, por medio de organizaciones representativas, en la formulación de las políticas y en el control de las acciones en todos los niveles. En su elaboración, participaron las instituciones que integran la Red Nacional Primera Infancia, así como otras entidades, fundaciones y centros de investigación, profesores universitarios, especialistas, técnicos y trabajadores de campo en los diferentes derechos de la niña y el niño. En 2010, la RNPI contaba con 70 miembros, pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, del sector privado, de otras redes con capilaridad por todo el territorio nacional, además de organizaciones multilaterales de las Naciones Unidas (Unicef, Unesco y OPS), que actúan en la promoción de la primera infancia. En la actualidad, cuenta con más de 250 participantes.

El PNPI, al que se puede acceder públicamente a través de internet, también recibió un considerable número de sugerencias. Su aprobación por parte del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y el Adolescente (Conanda), en diciembre de 2010, lo sitúo dentro del ámbito general del Plan Decenal de Derechos Humanos de Niños y Adolescentes, en calidad de plan enfocado en la singularidad de la primera infancia.

Entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, fue sometido a una revisión y actualización, bajo un modelo participativo aún mayor que el que se había utilizado previamente, dado el crecimiento de la RNPI y la inclusión del Poder Judicial en los estudios, en los debates y en las propuestas sobre la primera infancia, que culminó en el Pacto Nacional por la Primera Infancia, promovido y coordinado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). El capítulo El Sistema de Justicia y el Niño se ocupa de esta participación. Asimismo, se profundizó en el análisis y se aportaron nuevas propuestas sobre la niña, el niño y la cultura. Otro factor que proporcionó más amplitud y diversidad al proceso de participación social radica en la inclusión explícita de las niñas y niños en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y en el creciente interés de las empresas por conceder a sus trabajadores prestaciones relacionadas con el cuidado integral de sus hijas e hijos, tanto durante la gestación como en el parto y en los primeros años de vida.

La actualización del PNPI tuvo como referencia y guía al Marco Legal de la Primera Infancia (MLPI), tal y como es más conocida la Ley n.º 13257, del 8 de marzo de 2016. El PNPI precedió en seis años esta ley y la experiencia tanto en su elaboración como en su implementación inspiró muchos de los dispositivos del MLPI. No obstante, dado que el Marco Legal de la Primera Infancia representa una etapa más avanzada de la concepción de las políticas públicas integradas y elaboradas intersectorialmente, en aras del cuidado integral e integrado de la niña y el niño, esta actualización sitúa el PNPI al mismo nivel que el de las propuestas del Marco Legal de la Primera Infancia y hace de él un modelo operativo de sus dispositivos. Este entrecruzamiento histórico es la causa de que ambos vayan asociados.

Este Plan atribuye una importancia capital a la comprensión de la niña, del niño y de la infancia tanto en sus dimensiones singulares como en la colectiva, con una mirada abierta a la diversidad de niñas y niños y de infancias. Entender a la niña y al niño como personas en su absoluta dignidad, como ciudadanos y sujetos de derechos, es la base para la definición de las directrices, de los objetivos y de las metas de cada uno de los derechos que constan en la Constitución Federal, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA), en el Marco Legal de la Primera Infancia y en las leyes sectoriales referentes a la educación, a la salud, a la asistencia, a la cultura y a otras áreas relacionadas.

El Plan Nacional por la Primera Infancia se vertebra con otros planes y programas —además, en muchos casos, los complementa en su periodo de vigencia o mediante acciones específicas para la primera infancia—. Entre ellos se encuentran: El Plan Nacional de Educación (2014-2024), el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional de Asistencia Social, el Plan Nacional de Cultura, el Plan Nacional de Enfrentamiento a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, el Plan Nacional de Promoción, Protección y Defensa del Derecho de Niños y Adolescentes a la Convivencia Familiar y Comunitaria y el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 (ODS).