En medio de un escenario extremadamente diversificado y dinámico de agendas de movilización provenientes de grupos sociales minoritarios, se ha destacado, en los últimos años, un nuevo ideal: aquel que busca promover y garantizar la plena inclusión social de las personas con discapacidad.

A pesar de colocar en primer plano los derechos humanos de un segmento poblacional en particular, el actual paradigma inclusivo estimula, ante la selección de una ética de la diversidad, una amplia relectura de las relaciones que rigen la construcción de una sociedad democrática, alineándose al flujo de un creciente movimiento internacional de lucha contra todas las formas de exclusión social, desde las más explícitas a las más sutiles y veladas.

La trayectoria evolutiva de parámetros-guías de prácticas y posicionamientos políticos, en proceso de una continua actualización y reinvención, resulta en un desarrollado conjunto de propuestas que hoy encuentra expresión en la pauta de trabajo de diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas, y también avanza, en el caso del Brasil, en la formulación de políticas públicas de amplitud nacional, como ocurre en el área educativa.

Es de conocimiento general, entretanto, que ese significativo aumento de fronteras conceptuales del universo de los Derechos Humanos generados por el modelo inclusivo no se ha traducido; ni en la medida, ni en el ritmo deseado; en oportunidades más justas y ecuánimes de participación social para las personas con discapacidad. Históricamente atingidas por graves formas de segregación, en nuestro país estas personas continúan, en gran parte, invisibles para la mayoría de las recientes conquistas ciudadanas.